Morelia, Mich. Patricia Torres.– Ejercer recursos públicos conforme a las reglas, que para ello se haya dispuesto al autorizarlo, "no garantiza que su uso cumpla con la finalidad para el que fue destinado, por lo que la fiscalización deberá ir más allá: vigilar que efectivamente se esté corrigiendo aquello que se buscaba al facultar al gasto", expresó la diputada panista María Macarena Chávez Flores.
Previo a la presentación del decreto que reforma el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del estado, la legisladora dio a conocer la intensión de esta modificación "la realidad es que la simple vigilancia del correcto ejercicio del gasto, debe fortalecerse, pues hace cada vez más compleja en rezón de la enorme inversión de recursos que se exigen".
Y agregó que ciertamente legislar, fiscalizar, gestionar y administrar son cuatro grandes tareas, pero la fiscalización recobra mucha mayor fuerza por ser la que permite vigilar que los recursos públicos –el dinero de todos– "se aplique conforme lo dispone el pueblo a través de sus representantes".
Recordó que en el año 2007 se aprobó una gran reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, normatividad que regula al órgano técnico del Congreso que tiene a su cargo dicho procesos, con la finalidad de dotar de elementos normativos suficientes que dieran herramientas importantes al trabajo del órgano
De entre los artículos reformados se encuentran el 38 que en su párrafo tercero establecía la creación del Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización Superior, cuya finalidad era para que el recurso económico que de la Auditoría Superior de Michoacán, se allegaba, pudiera solventarse gastos extraordinarios, derivados de las necesidades en los procesos de fiscalización.
Se desprende que del recurso que se recaude por las entidades ahí señaladas, un porcentaje debería trasladarse al Fondo de Fortalecimiento, no obstante, la Auditoria Superior de Michoacán se enfrenta a un problema al momento de intentar le sean entregadas las cantidades que le correspondan, por dos circunstancias:
Primero, que los servicios para los que se destinen el recurso obtenido, según la redacción del artículo son para los de vigilancia, especial y control no especifica que también lo sea para fiscalización, lo que provoca que el recurso se remita a las contralorías municipal o estatal en su caso y segundo que no se determinen los montos sobre los que se ha de efectuar la distribución respecto de los servicios ahí dispuestos.
Por tal razón, a partir de que sea publicado el decreto en el Periódico Oficial del gobierno del estado, "los contratistas con quienes se celebra contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, cubriría un cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones del trabajo, por los servicios de vigilancia, inspección, fiscalización y control necesarios para su ejecución. Del total de recursos que se obtengan, el 40 por ciento será para fiscalización y el resto para los restantes servicios anunciados".
Y, "la Secretaría de Finanzas y Administración, las tesorerías municipales y cualquier otra entidad que ejerza recursos públicos al hacer pagos de las estimaciones de obra retendrán el importe de los derechos a que se refiere el párrafo anterior quedando dichas entidades obligadas a efectuar los repartos correspondientes el porcentaje para la fiscalización deberá depositarse en la cuenta de fondo de fortalecimiento para la fiscalización a cargo de la Auditoría Superior de Michoacán".