La construcción de la vialidad Amalia Solórzano Bravo y túneles en la Loma de Santa María, para establecer una vía de comunicación directa entre la parte baja de la capital michoacana y los nuevos desarrollos habitacionales y comerciales del sur, ha polarizado, sí, la discusión sobre una de las obras viales más importantes de los últimos años en la capital michoacana (que costaría 400 millones de pesos de recursos públicos estatales), pero que efectivamente, también generaría un impacto negativo en este ecosistema ya de por sí vulnerable debido al abandono, la erosión, la introducción de especies vegetales exóticas, el pastoreo intensivo, la tala y el cambio de uso de suelo.
En diciembre del año pasado el gobierno de Michoacán, luego de intensas deliberaciones técnicas en términos jurídicos y de sustentabilidad ambiental del proyecto, y a partir de un estudio técnico justificativo elaborado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, determinó crear la Zona de Restauración y Protección Ambiental Loma de Santa María y Depresiones Aledañas, en sustitución del Área Natural Protegida de la Loma de Santa María, en su modalidad de Zona Sujeta a Preservación Ecológica, figura vigente a partir del decreto de agosto de 1993, en virtud que "… el esquema de conservación… ha sido rebasado por el acelerado crecimiento urbano y el propio deterioro originado por los fenómenos naturales como incendios, plagas y la falta de manejo de la misma".
Y es que aparentemente los dueños de los predios comprendidos en el polígono original nunca aceptaron poner en marcha un plan de manejo en tanto que las autoridades fueron incapaces de convenceros de las bondades de proteger este espacio por los servicios ambientales que brinda. Y por eso la loma quedó en el completo abandono, degradándose en forma acelerada durante los últimos decenios.
El nuevo decreto modifica el polígono del área, pues de las 232.8 hectáreas del ANP original pasó a 170.5 hectáreas, en tanto que en las 62.3 hectáreas restantes se modificaría el uso de suelo para la construcción de la citada vialidad.
"El decreto publicado en el diario oficial mediante el cual se invalida a la Loma de Santa María y laderas aledañas como área natural protegida y la declara zona de restauración, es un atentado al patrimonio ambiental de la ciudad al quitar las protecciones jurídicas que el antiguo decreto implicaba, porque abre la posibilidad de vialidades, urbanizaciones y todo tipo de inversiones en el área, superficie que además fue reducida de 230 a 170 hectáreas", argumentaron el pasado 24 de enero de 2010 vecinos, ecologistas y representantes de diferentes asociaciones como Bocam, Filtros Viejos, y Ecolusen, AC, quienes han desarrollado paneles de discusión y protestas callejeras en contra del nuevo estatus de la loma y del proyecto vial.
En contraste, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Michoacán ha dicho que la nueva vialidad permitiría reducir el congestionamiento vehicular de la zona, pues la avenida Camelinas es la única vía que comunica a la ciudad con las tenencias de Santa María, Jesús del Monte, y los nuevos desarrollos habitacionales del sur (con tres accesos), porque esta vialidad tiene un aforo diario de más de 42 mil vehículos, que equivale a 25 por ciento más de su capacidad estimada.
Sobre el particular Catalina Rosas Monge, secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán (SUMA) declaró entonces que en las 62.3 hectáreas desincorporadas del ANP, eventualmente el cabildo de Morelia tendrá que estudiar el campo de uso de suelo para posibilitar la construcción de la vialidad, pues ya no se consideran en el decreto de Zona de Restauración de la Loma de Santa María.
En enero de este año, precisamente, y ya con el nuevo decreto en vigencia, los gobiernos estatal y municipal presentaron el Proyecto Vial Geométrico del Acceso a la Loma de Santa María, una obra con una longitud de 4 kilómetros, que permitiría descongestionar el tráfico vehicular en la zona sur de la capital michoacana, y que, se supone, podría beneficiar a habitantes de más de 40 colonias y cuatro tenencias del sur, y a más de 120 mil ciudadanos que transitan diariamente por el lugar. Las autoridades prometieron entonces evitar el cambio de uso de suelo para poner un candado a eventuales desarrollos habitaciones y comerciales.
Lo que es un hecho es que estos núcleos ya están allí y son precisamente los que demandan una nueva vialidad para conectar la parte baja de Morelia con los desarrollos Altozano y Monarca del poderoso empresario Francisco Medina Chávez, propietario del Grupo FAME, un corporativo con divisiones comercial, automotriz, inmobiliaria y educativa que lo pone en una posición antagónica con Organización Ramírez de Morelia, otro líder de proyectos que ha sido afectado en sus desarrollos Tres Marías. Y es que Altozano y Tres Marías prácticamente ofrecen lo mismo y son la misma cosa: Mega centros comerciales, cines, colonia de casas extraordinariamente caras, zonas exclusivas, centros educativos privados… y hasta campo de golf.
La nueva infraestructura costaría 400 millones de pesos y sería una inversión íntegramente estatal. El principal beneficiario, Altozano, no gastaría un peso y tendría un acceso vial de primera que desembocaría directamente en el centro comercial.
Frente a la acusación de atentar contra el patrimonio natural de Michoacán al avalar acciones como el cambio de estatus de protección ambiental en la Loma de Santa María, Catalina Rosas Monge, secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente ha informado que el Gobierno de Michoacán ha decretado en los últimos años 29 áreas naturales protegidas en 26 municipios y 2 zonas de restauración y protección ambiental: El Cerro San Miguel en Salvador Escalante, y la Loma de Santa María y Depresiones Aledañas en Morelia, lo que ha permitido ampliar la superficie protegida y beneficiar a 14 mil 222 habitantes.
Sobre la nueva categoría de la Loma de Santa María, Rosas Monge ha afirmado que permitirá a los gobierno estatal y municipal instrumentar acciones para contener el deterioro general de la Loma de Santa María, pues se trabaja en el decreto de zona protegida de más de 36 mil 350 hectáreas en la zona sur de Morelia, donde se ubica la cuenca del Río Chiquito, una acción que beneficiará directamente a más de 7 mil 575 habitantes de los municipios de Morelia, Charo, Villa Madero y Tzitzio.
En este contexto, a finales de marzo, diputados federales michoacanos del PAN y el PRD, históricamente antagónicos por sus ideas políticas y doctrina, coincidieron en la necesidad de construir una vía de acceso a lo largo de la antigua área natural protegida que hoy ha sido recategorizada.
Los legisladores panistas y perredistas como Laura Suárez González, Julio Castellanos Ramírez, Alfonso Martínez Alcázar, Dolores Ángeles Nazares Gerónimo, Dina Herrera Soto, Carlos Torres Piña, Víctor Báez Ceja, José María Valencia Barajas y José María Torres Robledo, fueron informados sobre el contenido del estudio técnico justificativo de la Loma de Santa María, donde sobresale, por ejemplo, que 70 por ciento de la cobertura forestal es vegetación exótica con algunos elementos nativos y el resto es vegetación introducida.
En esa reunión encabezada por la titular de SUM, Catalina Rosas Monge, el director de la Comisión Forestal, Alejandro Méndez López expuso las acciones de restauración, mitigación, conservación y recuperación de suelos en áreas críticas del polígono porque están más degradadas, así como la construcción de presas de piedra acomodada, presas de gavión, presas filtrantes, zanjas trinchera y otras para filtrar el agua y retener el material sólido.
La reserva se reforestaría con especies nativas de la región, como son distintas especies de pino (Montezumae michoacana), encino (Quercus obtusata), madroño (Arbutus xalapensis), cirimo (Tilia mexicana), nogalillo (Cedrerella dugesii), parotilla (Albizia plurijuga) a partir de las semillas (germoplasma) colectado en la zona. Además se dará mantenimiento al bosque con podas sanitarias, eliminación de materiales combustibles como ramas y corteza, y se abrirán brechas cortafuego.
El procurador Ambiental de Michoacán Nicolás Mendoza Jiménez, presentó un análisis de emisiones contaminantes por fuentes móviles en una sección de la zona sur de la ciudad, que comprende básicamente del complejo comercial Las Américas a la Casa de Gobierno. Explicó que durante los horarios de máxima demanda es evidente el congestionamiento vehicular y el aumento del tiempo en los traslados, lo que provoca un mayor consumo de combustibles, mayores emisiones de contaminantes y en consecuencia niveles más elevados de contaminación a la atmósfera.
Los diputados panistas Alfonso Martínez Alcázar y Laura Suárez González, afirmaron que sin duda, Morelia ya requiere de una nueva vialidad en la Loma de Santa María pero "… es necesario que toda la información referente a este proyecto sea conocida a fondo, oportuna y al máximo por todos los sectores de la sociedad".
Por lo pronto se abre un compás de espera de menos de tres semanas luego que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán presentara a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental (MIA) donde se establece que la inversión global de la validad y los túneles de la Loma de Santa María asciende a 400 millones de pesos. En dicho documento se solicita el cambio de uso de suelo para hacer factible el proyecto vial.
Por eso, la delegación estatal de la Semarnat dispuso una consulta pública respecto al contenido de la manifestación de impacto ambiental, en respuesta a la solicitud de diferentes grupos ambientalistas y del propio Consejo Estatal de Ecología, por lo que los interesados y contrarios al proyecto podrían presentar propuestas o cuestionamientos a la MIA que tendrán que ser tomadas en cuenta por la Semarnat, porque así lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) federal y el reglamento en materia de Impacto Ambiental
La consulta pública estará vigente por ahora aunque está por definirse la sede y fecha de la reunión pública de información, un mecanismo para socializar el conflicto, tal como se ha hecho en otras entidades del país como Quintana Roo y San Luis Potosí en polémicos desarrollos turísticos que atentan contra manglares y playas, y en la explotación minerometalúrgica.
Por: Anabel Guridi